La Diputada Nacional por Entre Ríos, Carolina Gaillard, presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo Nacional informe acerca del recorte que se está realizando en la cobertura de medicamentos que tienen las y los jubilados adheridos a PAMI.

En ese sentido, Gaillard expresó que “Es de una crueldad enorme vetar aumento de jubilaciones y al mismo tiempo sacar medicamentos gratis a los jubilados”.

“Hoy la jubilación mínima, con el bono de 70 mil pesos incluido, no llega a cubrir la Canasta Básica Total para un individuo, que es la que se usa para medir la pobreza. Y, para colmo, les recortan a los jubilados y jubiladas medicamentos que antes
recibían de manera gratuita o con un alto porcentaje de cobertura por parte del PAMI”

En los fundamentos del proyecto, la diputada de Unión por la Patria explica que “un total de 1.200 medicamentos experimentaron cambios en su cobertura, afectando productos esenciales como corticoides, antivirales, antibióticos y antiinflamatorios, entre otros. La situación económica del país ha impactado de manera directa en la capacidad de los jubilados para adquirir medicamentos. La falta de dinero lleva día a día a muchos a restringir sus compras”.

Además, afirma que “El maltrato que este gobierno tiene con los adultos mayores es de una crueldad absoluta, además del recorte en sus medicamentos, jubilaciones muy por debajo de la inflación, los jubilados fueron golpeados brutalmente por la policía en las últimas manifestaciones”.

“En tanto los jubilados necesiten medicamentos y no puedan acceder por el tipo de cobertura que tienen o porque no les alcanza la plata, va a haber un problema sanitario grave: no se van a poder curar, van a demorar en curarse o quizás nunca se repongan. En ese sentido son extremadamente graves las consecuencias sanitarias que pueden traer estos recortes del PAMI, ya que los jubilados que no puedan acceder a los medicamentos en tiempo y forma verán afectada su recuperación, lo que generará mayores costos en el sistema de salud en el futuro y una población que no podrá afrontar su vejez de manera digna y acorde a sus necesidades”, agrega.

“El Estado tiene la obligación de garantizar una vejez digna y que los adultos mayores tengan aseguradas las condiciones mínimas para vivir planamente, y no que sean la variable de ajuste para un supuesto equilibrio fiscal que a lo único que nos está llevando es a un país de hambre y miseria”, concluye el proyecto de resolución.