El presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, se refirió a la situación de las obras abandonadas en la provincia y al estado general del organismo.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Schönhals sostuvo que “en la provincia existía un Plan Reconstruir que era manejado por la Unidad Ejecutora de Programas Especiales y efectivamente tenemos aproximadamente unas 1.000 viviendas sin terminar, hay planes rescindidos, consorcios que han desaparecido y obras que están detenidas en el tiempo”.

Como ejemplo, comentó que “en estos días vino la diputada del Departamento Islas donde hay muchas viviendas del Plan Reconstruir que fueron detenidas porque los consorcios y la mecánica de construcción que llevaban adelante no se prosiguió en el tiempo y el gobernador nos pidió al IAPV que tomemos ese programa Reconstruir para intentar finalizar esas viviendas”.

Agregó que “también en Paraná hay un programa que, por suerte, está muy avanzado que es de 163 viviendas en ejecución, que faltan muy pocos recursos para terminarlas, lo visitamos con el presidente del consorcio y falta un aporte que, en su oportunidad, fue establecido entre el gobierno provincial y el municipio de Paraná por aproximadamente 230 millones de pesos para construir lo que sería la red de cloaca y agua. Es decir que falta la infraestructura, como también falta la instalación eléctrica y un transformador que sale 30 millones”.

Ante esto, resumió que “se da la paradoja, y en muchos lugares nos está ocurriendo, que viviendas que están a un paso de terminarse o inaugurarse, no tienen la infraestructura realizada para posibilitar la evacuación de efluentes, el agua potable o la energía eléctrica, y son situaciones que estamos intentando resolver en el caso específico de Paraná y otros lugares. Hay localidades donde hay viviendas que quedaron sin los techos, y todo esto tiene que formar parte de un apolítica de vivienda que debemos encarar porque no podemos iniciar viviendas nuevas sin darle una solución a viviendas que están detenidas y paradas”.

Acotó que “en todos los planes del programa Reconstruir las viviendas ya tenían dueño porque formaban parte del consorcio que las realizaba, y las ejecutaban en muchos casos mediante cooperativas de construcción”.

Sobre las deuda de la Nación en esta materia, puntualizó que “en el caso del programa Reconstruir se trata de cerca de 4.500 millones a diciembre, estimado –porque nosotros no lo manejábamos- un monto de acuerdo a las obras que están en vigencia; pero también tienen los municipios obras de este programa que ahí ya no tenemos la información de cuánto adeuda la Nación”. “A este programa Reconstruir nosotros lo vamos a intentar reflotar y terminar, como haremos en Islas y en Concepción del Uruguay donde hay 63 viviendas que están sin techo y con paredes levantadas que nos interesa recuperar, porque son viviendas que no pueden ser habitadas por sus adjudicatarios, por eso queremos intentar recuperar los fondos y ver la posibilidad de su culminación”, refirió.

Consultado por los motivos que ocasionaron estas situaciones, el funcionario afirmó que “definitivamente hubo problemas de gestión, en el caso particular de un consorcio de Nogoyá que conozco, llevó ocho años terminar 28 viviendas; es decir que, hubo problemas en el flujo de fondos de Nación pero también hubo problemas en la gestión”. “No soy quién para criticar pero me parece que la metodología que usó no fue la apropiada y en muchos casos los recursos evidentemente se han direccionado hacia otros fines, porque en algunos casos específicos se marca un avance físico determinado y los recursos económicos son superiores a ese avance operado en las obras El avance físico es el avance material en la construcción y el avance financiero son los recursos que se enviaron para que la obra se realice, y hay diferencias sustantivas en muchos. En otros casos como el de Islas se destinó, en apariencia, todo el recurso financiero para la liberación del terreno solamente”, apuntó.

“Estamos por inaugurar 10 viviendas de AGMER en Holt Ibicuy y ahí vamos a aprovechar para recorrer todo el Departamento Islas y traernos verdaderamente la foto de lo que está pasando con las viviendas. Hay problemas de todo tipo que iremos encontrando en el camino pero el objetivo es hacer el inventario y ponernos a trabajar, no hay que llorar sobre la leche derramada”, sentenció.

De todos modos, advirtió: “Lo que tenemos que empezar a comparar nosotros es sacar bien el monto que hace falta y compararlo con Nación en cuanto a los montos que ellos tienen allí, porque este programa tiene su nacimiento en el de Pueblos Originarios, es aprobado por ley nacional o sea que los recursos deberían estar o hay que pelearlos para que la ley nacional no se derogue. Y obteniendo esos recursos podríamos empezar a terminar las viviendas”.

Consultado por la situación del organismo al asumir, sostuvo que “hay sorpresas todos los días pero en cuestiones normativas o en cuestiones que uno entiende que no se deberían hacer de la forma en que se estaban haciendo, por lo tanto vamos a avanzar en una reforma en la organización y modernización del Instituto; es claro que lo vamos a hacer durante todo nuestro periodo vamos a ir mejorando algunos procesos y procedimiento que se dan dentro del Instituto”. Como ejemplo, mencionó: “No puede ser que haya un dictamen que alguien contrate algo sin que esté enterado el departamento económico. Además hay un montón de opiniones de los distintos estamentos que no terminan en una conclusión o recomendación para el directorio sobre lo que hay que hacer”.

No obstante, destacó que “encontramos un Instituto en pleno funcionamiento, realmente tiene una rea técnica excelente, un área económica que es excelente, no encontramos grandes desfasajes, hay un manejo financiero bueno pero también encontramos ingresos a planta no normados, no legales, que se están revisando, y seguramente se dará marcha atrás, también se están revisando los contratos de servicio que se han venido dando y que no tienen razón de ser. Son 30 casos de ingresos a planta permanente que estamos revisando y seguramente los vamos a revocar”.

“Estamos tratando de ordenar y de buscar recursos que agranden la torta que el Instituto tiene para construir viviendas, hoy tenemos el Fonavi y el recupero de cuotas de las viviendas que hacemos, porque acá hay que aclarar que el IAPV no regala viviendas, las vende por ley 24.464 que son los fondos Fonavi y que establece claramente que el IAPV financia la construcción, es decir que otorga un crédito subsidiado que los vecinos beneficiados tienen que devolver. En ese marco estamos tratando de mejorar la recaudación, el recupero de créditos porque si no tenemos una masa de recupero de créditos importantes, otros vecinos de la provincia no podrán tener su casa”, evaluó.

Por último, indicó que “el vecino que quiera anotarse ingresa a la página on line y se puede anotar sin problemas; tenemos un registro de cerca de 88.000 vecinos que están anotados en distintos lugares de la provincia. Las viviendas que son de demanda libre se sortean mediante escribano público con bolillero y se adjudican”. “En muchos casos hemos tenido problemas, como en Tala donde estamos en proceso de adjudicación donde hubo muchas mentidas de los anotados y hubo que proceder a una readjudicación y nuevo sorteo porque incluso los suplentes no alcanzaban a cubrir el monto y la cantidad de titulares. Hay un proceso de revisión, pedimos que los que se inscriben sean lo más honestos en los datos que aportan porque esto entorpece y dilata la adjudicación de las viviendas”, concluyó.