El peso de los impuestos provinciales de Entre Ríos aumentó en la última década. La presión fiscal exclusivamente provincial era del 4,5% del Producto Bruto Geográfico (PBG) en 2011 y ascendió hasta el 7,1% en 2020. Un 75% más que diez años atrás. El reverso de la presión fiscal es el tamaño del Estado. En los últimos cinco ejercicios el gasto público en Entre Ríos representó, en promedio, el 39% del PBG. Es un incremento de seis puntos porcentuales con respecto al lustro de 2011 a 2015, cuando el gasto público era, en promedio, el 33% del PBG
Dos de cada tres pesos de la recaudación provincial provienen del Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB), que representa el 4,5% del PBG y explica la mayor parte del incremento de la presión fiscal. Hace una década la provincia recaudaba un 2,3% del PBG por Ingresos Brutos. No es casualidad que el crecimiento de la presión tributaria haya sido motorizado por este impuesto, ya que es el más fácil de incrementar y recaudar. En primer lugar, porque lo pagan emprendedores y empresas de la provincia, que son una minoría, a diferencia de otros tributos que recaen sobre un conjunto más amplio de los ciudadanos, como los impuestos inmobiliario y automotor. El efecto final de Ingresos Brutos, sin embargo, afecta a todos los ciudadanos, ya que el incremento se traslada a los precios.
Ingresos Brutos tiene altos costos económicos y sociales. Es un impuesto distorsivo porque no incorpora la neutralidad fiscal y genera un efecto en cascada. El impuesto se paga en cada eslabón de la cadena de producción y, por lo tanto, su peso aumenta cuanto más larga es la cadena de valor. Esto lleva a los actores económicos a adoptar formas de organización que no son las más eficaces de una economía de mercado, que debería fomentar la especialización y no tanto la integración vertical. El costo económico de Ingresos Brutos es la pérdida de competitividad por el aumento de los costos internos, el desincentivo a la especialización y la acumulación de una presión impositiva que se traslada a los productos y servicios exportables. El costo social es una menor generación de empleos formales, salarios reales más bajos y mayores costos que se traducen en precios más elevados para los consumidores.
A Ingresos Brutos le sigue en importancia el impuesto inmobiliario, con 1,1% del PBG; el impuesto automotor, con el 0,7%; y el impuesto a los sellos, con el 0,5%. Los impuestos al empleo y al ejercicio de las profesiones liberales representan el 0,3% del PBG.