Para llevar adelante el plan económico, tuvo lugar durante el “proceso” la articulación de ciertos sectores sociales: la derecha tradicional alineada a las nuevas corrientes de pensamiento neoliberal, los sectores más poderosos del capital nacional, provenientes de la vieja oligarquía diversificada y las empresas transnacionales que controlaban múltiples firmas de capital. Martínez de Hoz se abocó a aplicar una política económica de carácter liberal ortodoxa. Las Fuerzas Armadas se alinean a estos sectores sobre la base de cierta percepción que aquella tenía sobre la situación social argentina del momento: el desorden y la violencia eran consecuencia de un proceso de distorsionamiento ideológico, político y económico de la nación, iniciado en 1946, culpable de la fragilidad de la democracia y la inestabilidad política. Esta percepción llevó a las FF.AA. a un acercamiento ideológico con los sectores más duros del antiperonismo tradicional de pensamiento de raíz liberal.

En líneas generales, la proposición central del liberalismo económico es que el mercado funcionando sin interferencias es el más eficiente asignador de recursos de una sociedad. Basados en esta concepción, los representantes del liberalismo económico en Argentina realizaron un diagnostico que explicaba las causas de las dificultades de la economía: La introducción de aranceles a las importaciones creó un muro protector de la competencia externa que alentó la instalación de una industria ineficiente. Al mismo tiempo el sector agropecuario fue discriminado para servir políticas demagógicas e inefectivas de distribución de ingresos. Se le suma la existencia de un sindicalismo unitario y vertical que presionó constantemente los salarios por encima de los niveles de productividad obrera. El gobierno por su parte derrochó recursos para mantener una pesada burocracia, empresas ineficientes y deficitarias y un enorme y costoso sistema de bienestar social.

De este modo, la reforma económica fue presentada por Martínez de Hoz a las FF. AA. como condición necesaria de la reforma política: “El plan económico fue justificado en tanto atiende, de ese modo, más que a objetivos económicos, a los objetivos políticos del proyecto de transformación de las FF. AA. Se estableció así una doble relación: el plan económico aparece como dependiente del proyecto político pero a la vez como su condicionante”.

La política económica del régimen militar giró sobre dos ejes fundamentales: la apertura económica y la liberalización del mercado de capitales. 1976 fue un año de aplicación de soluciones económicas “relativamente fáciles” tendientes a controlar la inflación: el endeudamiento externo con el FMI, el congelamiento de los salarios del sector público, la indexación de impuestos para proteger la recaudación impositiva frente a la creciente inflación y la fijación de un nuevo nivel de equilibrio de los salarios reales inferiores en un 40% al nivel promedio del quinquenio anterior.

La apertura de la economía que tuvo lugar a partir de 1976 significó la apertura del mercado interno a la competencia exterior. El instrumento básico de esta política fue el descenso de los aranceles de importación. La lógica de mercado por si sola se encargaría de producir un aumento de la productividad de la mano de obra, presionada por la competencia del mercado externo. Pero este proceso habría que esperarlo en el futuro, por lo que el único procedimiento inmediato de reducción de costos en la industria fue la baja de los salarios.

A partir de 1977, el equipo económico de Martínez de Hoz se abocó a la tarea de llevar adelante la reforma financiera, que requería para su aplicación el libre funcionamiento del mercado de capitales.

El centro de la atención de la política económica fue ocupado por el sector industrial, pero esta vez como el “sector problema”. El programa económico del proceso tuvo un crudo carácter clasista, orientado a disciplinar a la industria, sus empresarios y asalariados. La intención de instaurar una economía de libre mercado se refería esencialmente a la eliminación del sistema de privilegios (fiscales, crediticios, arancelarios) del que la industria había gozado hasta 1976.

Todas estas medidas constituyeron un ataque abierto al sector industrial y a los sectores obreros organizados, que presenciaron tanto la caída abrupta del salario real como la destrucción de sus fuentes de trabajo.

El cuadro I muestra la actividad industrial por ramas para el periodo 1975-1980, que se limitó a fluctuar sin tendencia al crecimiento. El crecimiento en el sector de maquinarias y equipos se da en un periodo en el que se favorecía la importación de bienes de capital