SAN DIEGO (AP).- En un nuevo gesto que intenta desandar el camino que quiso imponer el exmandatario Donald Trump en Estados Unidos, ayer el presidente Joe Biden dio por terminada la suspensión de la emisión de residencias permanentes o visas para inmigrantes que fue implementada durante la pandemia.

Tras una gestión reticente para con los extranjeros que quieren vivir en el país y descreída de la gravedad del coronavirus, el demócrata dijo que cerrar la puerta a los inmigrantes legales “no promueve los intereses de Estados Unidos”.
“Al contrario, daña a Estados Unidos, lo que incluye el impedir que algunos familiares de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales se reúnan con sus familias aquí. También afecta a las industrias de Estados Unidos que utilizan el talento de personas de todas partes del mundo”, explicó Biden.

Trump suspendió la primavera pasada la emisión de las llamadas “green cards” hasta finales de 2020 para proteger al mercado laboral duramente afectado por el coronavirus, argumento que usó para lograr muchos de los recortes a la inmigración legal que no había podido implementar antes y pese a que llegó a la Casa Blanca con un discurso marcadamente antiinmigración.

El 31 de diciembre extendió esas órdenes hasta finales de marzo, con las proclamas 10014 y la 10052. Tras ello, según abogados especialistas, hasta 120.000 visas de preferencia basadas en la familia se perdieron. Los inmigrantes no podían llevar a sus familiares a menos de que fueran ciudadanos estadounidenses que solicitaran visados para sus cónyuges e hijos menores de 21 años.
También impedía la entrada a inmigrantes con visas de trabajo, salvo que fueran considerados un beneficio para los intereses nacionales, como los profesionales de la salud. Además, con sus medidas Trump cerró la puerta a miles de ganadores de la lotería de visas, quienes fueron elegidos al azar de un conjunto de unos 14 millones de solicitantes para que recibieran las tarjetas de residencia que les permitieran vivir de manera permanente en Estados Unidos.

Sin embargo algunos abogados consideran la decisión de Biden algo tardía. De hecho dijeron que estaban sorprendidos de que no retirara inmediatamente la suspensión, tal como lo hizo con la prohibición de viaje impuesta a las personas de países musulmanes.

Lo que sí hizo el demócrata fue proponer un proyecto de ley con el objetivo de limitar la autoridad presidencial para emitir futuras prohibiciones contra los inmigrantes.
Por los más chicos

Mientras tanto el gobierno de Biden trabaja además para agilizar que los niños migrantes que llegan solos al país sean entregados a familiares que vivan en Estados Unidos debido a que las instalaciones para su cuidado a largo plazo están casi llenas.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) autorizó ayer a los administradores de los albergues a largo plazo financiar parte del transporte de los menores a las viviendas de sus patrocinadores. Bajo los lineamientos actuales, los patrocinadores pueden ser obligados a pagar por dicho transporte antes de que el gobierno libere a los menores y en varias ocasiones el monto a pagar es de cerca de mil dólares por niño.

El cambio tiene como meta liberar la presión sobre los centros, que redujeron drásticamente la capacidad de sus instalaciones debido a la pandemia de coronavirus. Casi todas las 7100 camas para los niños migrantes que tiene el HHS ya están ocupadas; al tiempo que los agentes de la Patrulla Fronteriza detienen a un promedio de más de 200 menores de edad que cruzan la frontera sin compañía de un adulto a diario.

La mayoría de las instalaciones de la Patrulla Fronteriza no están equipadas para detenciones a largo plazo, debido a lo cual los menores deben dormir en colchonetas en celdas donde las luces permanecen encendidas las 24 horas.

Para retirar a los niños de la custodia de la Patrulla Fronteriza, el HHS reabrió una instalación en Carrizo Springs, Texas, que tiene capacidad para 700 adolescentes, y pronto podría verse obligado a reabrir otro centro en Florida. Si bien tienen camas, aulas de clase y comedores, las instalaciones de emergencia cuestan unos 775 dólares por menor cada día y no están sujetas a los mismos requisitos que se les exigen a los albergues regulares.

“Tuvimos que ampliar y abrir instalaciones adicionales debido a que no había suficiente espacio en las instalaciones existentes si queríamos cumplir con los protocolos del Covid-19″, comentó el miércoles Jen Psaki, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, y añadió que Biden suspendió una práctica implementada durante el gobierno de Trump que expulsaba del territorio a los niños migrantes sin compañía de un adulto amparándose en una ley de salud pública.

“Nuestro objetivo es retirar rápidamente a esos niños de allí y enviarlos con familias de patrocinadores verificadas y a sitios donde puedan estar a salvo”, comentó.